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CONSIDERANDO: Que es función del Estado proteger y garantizar
efectiva y eficientemente el goce de las prerrogativas constitucionales, con el auxilio de
medidas administrativas y disposiciones legales adecuadas;
CONSIDERANDO: Que dentro de la política económica gubernamental
se debe promover el crecimiento y desarrollo económico en un ambiente de libre
competencia que facilite las condiciones para la formación de precios justos y estables
que fortalezcan el poder adquisitivo de la población, especialmente el de los sectores
más pobres y desprotegidos de la sociedad;
CONSIDERANDO: Que la preparación del país para los desafíos de la
globalización requiere de la actualización urgente de los instrumentos legales e
institucionales para la defensa de los derechos de la población consumidora;
CONSIDERANDO: Que es necesario la creación de un marco legal en el
que los derechos de los consumidores o usuarios de bienes y servicios se encuentren
real y efectivamente consagrados y contemplando especialmente el derecho a
información, orientación, educación y transparencia en los mercados de bienes y
servicios;
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución No.2-95, del Congreso
Nacional, promulgada por el Poder Ejecutivo en fecha 20 de enero de 1995, la
República Dominicana ratificó el Acuerdo de Marrakech por el cual se establece la
Organización Mundial del Comercio, acuerdo que persigue, entre otros objetivos, “que
las relaciones entre países en la esfera de la actividad comercial y económica” tiendan
“a elevar los niveles de vida, a lograr el pleno empleo y un volumen considerable y en constante aumento de ingresos reales y demanda efectiva y a acrecentar la producción
y el comercio de bienes y servicios…”, para lo cual es preciso que estas relaciones se
realicen en un marco de justicia y respeto de los derechos de los consumidores;
CONSIDERANDO: Que la República Dominicana se comprometió con la
aplicación de las directrices para la protección del consumidor aprobadas por
aclamación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas,
mediante Resolución Número 39/248, del 9 de abril de 1985, en las que se especifica el
rol que deben jugar los gobiernos para proteger y salvaguardar los derechos e intereses
de los consumidores.
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